Estereotipos de género intramuros: las mujeres privadas de libertad

Para tener un poco de privacidad, cuelgan sabanas y telas entre las camas marineras. Las celdas, de pocas dimensiones, tienen manchas que se acumulan, de hace décadas. En los pisos de los baños, los fluidos propios y ajenos se mezclan entre sí, y envejecen. La suciedad envejece. La humedad va descarando la pintura de los pasillos. A falta de espacio, las pertenencias propias se guardan debajo de la cama, sobre el colchón, o directamente se usan clavos que hacen de ganchos, para colgarlas.

Existe un lugar en donde convive una gran cantidad de personas, que no va al baño ni se baña cuando quiere, no habla con sus seres queridos por teléfono ni los ve en persona cuando desea. Su día a día (necesidades, trabajo, ocio y actividades recreativas) esta rígidamente reglamentado. El sociólogo Erving Goffman acuño el concepto de “institución total” para nombrar las unidades penitenciarias, en contraposición con las instituciones como pueden ser la escuela o el hospital, que mientras los sujetos se rigen bajo normas, sus estadías en éstas no están tan reglamentadas. Aislar a un sujeto social por naturaleza como es el ser humano representa un desafío para pensar en cómo permitir una vida digna a las personas privadas de libertad. Es necesario, una vez sucede la internación, que se respeten y hagan cumplir sus derechos humanos.

Aunque es un hecho que hay más hombres que mujeres en los centros penitenciarios de Latinoamérica, éstas últimas representan el segmento de más rápido crecimiento en la composición carcelaria; además, es una de las regiones del mundo con mayor población femenina en las cárceles. El hecho de que representen un porcentaje menor es una de las razones por las que ni desde la infraestructura ni desde el equipamiento se considere sus especificidades. La segunda es que el sistema penitenciario, parte del sistema de justicia penal, ha sido pensado por hombres, bajo una mirada androcéntrica. En la actualidad, falta un modo de pensar las políticas públicas para las personas privadas de libertad que incluya la perspectiva de género y logre rastrillar viejos estereotipos, que en la actualidad se replican intramuros de varias formas: la legislación argentina permite criar a un niño en un centro penitenciario hasta los 4 años de edad, sin embargo las cárceles exclusivamente masculinas carecen de espacios para la crianza. Mientras que el contacto madre-hijo es fundamental para su desarrollo en la etapa inicial, hay que pensar también en los casos en los que el padre es el único adulto responsable del niño. En esas instancias, al ser recluido, el hijo es enviado en la mayoría de los casos a un hogar, en menor medida con familias de acogimiento, con su familia ampliada (como abuelas o tías), o con referentes afectivos como vecinos y vecinas del barrio. Según explica la doctora Lucía Núñez Rebolledo, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, por lo general, cuando es el hombre el que ingresa al centro penitenciario, la esposa continua cuidando a los hijos desde el hogar. En cambio, cuando es la mujer la que es ingresada, ellos optan por dejar a sus hijos con tías o abuelas, es decir con su familia ampliada. Esta postura se amolda a la concepción social de que es la mujer la que debe encargarse de las infancias, y dista de contemplarla como persona que vale más allá de su maternidad.

Por otro lado, los talleres y capacitaciones laborales destinadas a reclusas, entre los que se cuentan los de macramé, costura y bordado, no funcionan como canal para una futura reinserción al mercado laboral; lo cual representa un problema teniendo en cuenta que muchas de ellas son jefas de familia. Si a eso le sumamos características del perfil de la presa latinoamericana, que es que previo al ingreso a la cárcel, un porcentaje considerable estaba desempleada o con empleos precarios, sumado a que poseían un nivel educativo menor al de los hombres (secundario incompleto), lo que dificulta el acceso al empleo formal; un 55% había sido madre con menos de 18 años, puede afirmarse que se encontraban en una situación de mayor vulnerabilidad social y económica. La causa del encarcelamiento, en muchos casos, se vincula con su contexto socio-económico y su necesidad de mantener a su familia, que es la de narcomenudeo (delito no violento sin portación de armas de fuego), este es el escalón más bajo del negocio del tráfico de drogas.

El sistema penal no pierde nada con considerar en penas no privativas de la libertad, como alternativa al encierro, como el arresto domiciliario, con especial enfoque en mujeres con hijos, para garantizar los derechos tanto de la mujer como del niño.

Foto de portada: Isabel Ortigosa